Buscan medir y reconocer la responsabilidad social de las empresas radicadas en Tucumán

En un contexto global donde la sustentabilidad se erige como un imperativo ético y estratégico, la Legislatura comenzará el estudio de una iniciativa presentada por el bussismo que busca posicionar a la provincia como referente en responsabilidad social y ambiental empresaria. El proyecto, elaborado por los legisladores Eduardo Verón Guerra y Ricardo Bussi (foto inferior), propone un marco jurídico innovador para regular las prácticas de las empresas radicadas en Tucumán, promoviendo un modelo de desarrollo que armonice el crecimiento económico con la equidad social y la protección ambiental. Esta normativa, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, introduce el Balance de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria (BRSAE) como un instrumento técnico que permitirá a las organizaciones medir, evaluar y comunicar su impacto en el tejido social, económico y ambiental de Tucumán.

El proyecto, detallado en sus fundamentos, subraya que “la RSE constituye hoy un pilar esencial en la gestión de empresas y organizaciones, que ya no se limitan a la mera generación de beneficios económicos, sino que deben también velar por la sustentabilidad social, ambiental y financiera de sus actividades”. En este sentido, la iniciativa busca instaurar un modelo de desarrollo “más justo y equitativo, donde el progreso económico se acompaña con inclusión, cuidado del ambiente y compromiso comunitario”. Este enfoque responde a la necesidad de que sectores clave de la economía tucumana, como la industria azucarera, citrícola, tabacalera, agroalimentaria, textil y tecnológica, adopten prácticas transparentes y responsables que reflejen su impacto en la comunidad y el ecosistema.

El articulado de la iniciativa establece con precisión los objetivos y alcances de la normativa. Básicamente, el propósito es “promover conductas socialmente responsables de las empresas y organizaciones en general, en el diseño y ejecución de sus políticas, a fin de garantizar una evaluación objetiva de la sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera”. Para ello, se crea el BRSAE, definido como “el instrumento mediante el cual las organizaciones informan, miden y evalúan en forma clara, metódica, sistemática y cuantificada el resultado de sus políticas sociales y ambientales, reflejando su impacto en la equidad y en la sustentabilidad”.

La obligatoriedad del BRSAE recae sobre empresas con más de 300 trabajadores y una facturación superior a los valores establecidos para medianas empresas por la normativa nacional. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas, la presentación del balance es voluntaria, incentivada mediante beneficios concretos que incluyen prioridad en contrataciones públicas, acceso preferente a líneas de crédito provinciales, bonificaciones fiscales de hasta un 10%, espacios promocionales gratuitos y representación en ferias nacionales e internacionales. Este enfoque busca convertir la responsabilidad social en una ventaja competitiva, no en una carga burocrática, promoviendo la adopción de prácticas sustentables en todo el espectro empresarial.

El Artículo 3° extiende el ámbito de aplicación a “todas las organizaciones que tengan domicilio legal y/o comercial en la Provincia de Tucumán, o que desarrollen en ella su actividad principal con al menos un año de funcionamiento, ya sean privadas o estatales, nacionales o extranjeras”. Este alcance amplio asegura que tanto las grandes corporaciones como las entidades públicas y pequeñas empresas puedan integrarse al modelo de desarrollo sostenible propuesto.

Evaluación y reconocimiento

Un pilar fundamental del proyecto es la creación del Índice de Responsabilidad Social Empresaria (IRSE) que permitirá “medir y evaluar objetivamente el aporte de las empresas al bienestar de la sociedad tucumana”. Este índice, junto con el BRSAE, se alinea con estándares internacionales como los de la Global Reporting Initiative (GRI), garantizando que las evaluaciones sean verificables, auditables y comparables a nivel global. Además, el proyecto establece que los balances deberán ser auditados por profesionales independientes, asegurando la transparencia y credibilidad de los informes.

A su vez, la iniciativa introduce el Certificado de Empresa Socialmente Responsable (CESR), otorgado anualmente por la autoridad de aplicación a las organizaciones que cumplan con los requisitos. Las empresas certificadas podrán utilizar un distintivo oficial en su identidad institucional y publicidad, lo que refuerza su compromiso con la sustentabilidad y fortalece su imagen corporativa. El incumplimiento de los estándares, sin embargo, conllevará la revocación del certificado y la pérdida de beneficios.

Como incentivo adicional, los parlamentario opositores proponen la creación del Premio Provincial a la Excelencia en Responsabilidad Social Empresaria, un reconocimiento anual que destacará a las empresas líderes en la implementación de prácticas responsables, fomentando una cultura de excelencia en el ámbito empresarial tucumano.

La Secretaría de Estado de Producción será la autoridad de aplicación, encargada de reglamentar la presentación y contenido del BRSAE, establecer requisitos de auditoría, actualizar el IRSE, otorgar certificaciones, mantener un Registro Público de Empresas Socialmente Responsables y elaborar un Manual de Buenas Prácticas. Además, podrá celebrar convenios con universidades, cámaras empresarias y organizaciones nacionales e internacionales para promover la capacitación y difusión de la RSE.

Como señala el texto, “la sanción de esta Ley permitirá que Tucumán avance hacia un modelo productivo más responsable, inclusivo y sostenible, donde el desarrollo económico esté acompañado de un firme compromiso con la equidad social y el cuidado ambiental”.